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Juan Alejandro Martínez Navarro
A lo largo del siglo XX, la humanidad alcanzó grandes logros en cuanto al bienestar social y el desarrollo socioeconómico, gracias al progreso tecnológico y científico. No obstante, el sistema productivo actual presenta importantes deficiencias: mientras que una parte de la población mundial aún sufre el riesgo de inseguridad alimentaria y escasez de alimentos, otra disfruta de una abundancia que conlleva al despilfarro. Frente a este desafío, un creciente intervencionismo del sector público está gestando una abundante política de acción.
A nivel jurídico, parece evidente la vinculación inmediata entre el derecho de acceso a los alimentos y el deber sobre los desperdicios alimentarios. Surge entonces el compromiso ineludible de reducir el desperdicio alimentario, tarea que debe ser compartida por gobiernos, industria, consumidores y la sociedad en su conjunto. Para lograr este objetivo, se requieren medidas concretas a nivel jurídico, político y social, encaminadas a fomentar la reducción del desperdicio y asegurar el acceso sostenible y equitativo a los alimentos para todas las personas.
En efecto, el complejo problema estructural de la producción de desperdicios alimentarios requiere de una contundente respuesta. Las medidas propuestas desde el Derecho muestran falta de ambición y relevancia, aunque se destacan elementos novedosos.
