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El protagonismo cada vez mayor de los tribunales de justicia en el debate político en España arroja consecuencias negativas por su impacto directo en la separación de poderes y, con ello, en los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Es dañino para la política que se practique una generalización del recurso a los tribunales o la apelación constante a una pretendida inconstitucionalidad de cualquier iniciativa para abortar de raíz un debate, que resulta más complejo de sostener en términos de opciones políticas igualmente válidas.
