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Este artículo analiza con un enfoque crítico las complejidades y ambigüedades encontradas en la aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) en relación con los poderes adjudicadores no Administración Pública (PANAPs). Pese a la intención de homogeneizar y simplificar procedimientos de contratación, la aplicación práctica ha resultado en una práctica restrictiva resultado de un enfoque conservador y poco arriesgado que obstaculiza la eficiencia y no refleja las necesidades reales de los PANAPs, llevando a cuestionar la viabilidad de las entidades regidas por la LCSP y la efectividad de los intentos de modernización normativa.
