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La voluntad de este artículo es reflexionar sobre la cobertura que doctrinal y jurisprudencialmente se da al antiformalismo en la contratación pública y cómo se ha reconocido un límite a ese principio en un caso novedoso y atípico en la contratación pública española. Este es el hilo del que vamos a tirar en este artículo, aprovechando una sentencia nomofiláctica del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que no es muy usual en la doctrina sobre contratación pública.
