La ejecución de los Programas urbanísticos nunca está exenta de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que modifican sustancialmente sus previsiones técnicas y económicas iniciales. Esta situación incorpora siempre un incremento al alza de los costes de urbanización que son sistemáticamente recurridos en vía contencioso-administrativa por los propietarios del sector. Estos conflictos, en la gran mayoría de los casos, acaban en sentencias condenatorias contra los Ayuntamientos que están asumiendo injustamente una especie de responsabilidad universal de unas cargas que han sido cobradas, no por la Administración, sino por un agente urbanizador y que además se incorporan, vía sentencia, totalmente gratis en el patrimonio de los propietarios.