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Una de las empresas integrantes de una UTE plantea recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Tribunal de Recursos Contractuales por el que desestima el recurso contra la adjudicación de determinado contrato. El recurso contencioso-administrativo es inadmitido por ausencia de legitimación de la recurrente. Argumenta que la acción procesal pretendida no sólo conlleva presuntos beneficios empresariales, sino también obligaciones positivas y el consiguiente riesgo económico de toda actividad empresarial, obligaciones y riesgo que afectarían a sujetos que no han ejercitado acción procesal alguna pudiendo hacerlo.
