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Daniel Terrón Santos 
Trascurrido ya un plazo más que razonable, podemos hacer una reflexión en voz alta sobre la famosa transversalidad de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y debemos hacerlo en términos de anunciar un fracaso, al menos en cuanto a la orientación nudge que tanto pretendía. Los resultados en forma de abandono del criterio precio como único o, al menos, principal criterio de adjudicación ha sido la excepción. La ausencia en la práctica de la implantación de verdaderos criterios ambientales o sociales, más allá de algún guiño que otro, muy limitados y en todo caso escasos, tampoco apunta en un sentido distinto. Siguiendo en la línea la asociación para la innovación, el diálogo competitivo, etc., han sido una quimera. Todo eso no hace sino reforzar la conclusión que avanzamos en el título de este texto.
