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Barcelona, España
Transcurrida una década desde la implementación de la Ley 19/2013, carecemos de una visión comparada del nivel de cumplimiento de la norma que incluya una selección amplia de los ayuntamientos españoles. A pesar de la existencia de estudios sobre el cumplimiento de la transparencia activa y de la presencia de varios índices, la mayoría de las contribuciones están centradas exclusivamente en los ayuntamientos de más población. Con el objetivo de subsanar esta carencia, hemos monitorizado los patrones de transparencia activa de los ayuntamientos españoles mayores de 10.000 habitantes y de una selección de 300 inferiores a 10.000. En total, hemos analizado el cumplimiento normativo de 1.031 municipios españoles. Para revisar el cumplimiento, hemos construido un índice con los principales elementos de la Ley. Los resultados arrojan una implementación dispar e insuficiente de las obligaciones de publicidad activa y, para un mejor cumplimiento normativo, se debería promover un sistema de monitorización externo del cumplimiento que promueva e incentive prácticas y experiencias y suponga una mayor difusión de los principios de la norma, así como alejarse de la homogenización, estableciendo articulaciones específicas de las obligaciones normativas en función de la naturaleza, la dimensión y la capacidad institucional.
A decade after the implementation of the Law 19/2013, we still lack a comparative review of the level of compliance that includes a broad selection of Spanish municipalities. Despite the existence of studies assessing active transparency compliance and the existence of several indices, most of the contributions are focused exclusively on the largest municipalities. In order to fill this gap, we have monitored the active transparency disclosure patterns of Spanish local councils over 10.000 inhabitants and a selection of 300 under 10.000 inhabitants. To assess compliance, we have built an index with the Law’s main elements. The results show a dissimilar and insufficient implementation of active transparency legal obligations and, for better regulatory compliance, an external compliance monitoring system that promotes and encourages practices and experiences should be promoted. Likewise, moving away from the homogenization imposed by the norm should also be considered, establishing specific articulations of regulatory obligations depending on the nature, dimension, and institutional capacity.
