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El presente estudio analiza los supuestos de inactividad de la Administración en general que aunque debiera resolver en plazo por imperativo legal no siempre es así, de ahí a que se haya convertido en una práctica habitual el incumplimiento generalizado de la obligación de resolver y notificar dentro del plazo máximo establecido, lo que supone una gran inseguridad jurídica y la quiebra de los intereses económicos de los ciudadanos que lo que buscan con el inicio de procedimientos con la Administración, son resoluciones ágiles y motivadas en los plazos establecidos.
