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Jorge Blanes Jover
A la vista de la recientísima Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2024, de 11 de marzo, se analiza la doctrina constitucional que exige suficiente motivación a la resolución en la que se revoque el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al condenado, y que haya sido condicionada al pago de la responsabilidad civil, ante el incumplimiento por aquél del abono de las cantidades, en el caso de que haya sido, además, declarado previa y judicialmente insolvente.
