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La reforma operada en 2023, por la que se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, afectó en algunos extremos a la regulación del recurso de casación. Su asunción por los operadores jurídicos ha supuesto análisis críticos positivos y negativos y, como toda reforma, está exigiendo un esfuerzo de adaptación que lleva en ocasiones a escenarios de incertidumbre. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado varias resoluciones durante estos meses en las que ha ido fijado criterios sobre su aplicación. Examinaremos estas decisiones sobre los requisitos formales y técnicos del recurso de casación.
