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Jaime Rolando Anchundia Parrales
Este artículo tiene como objetivo analizar la eficacia del derecho de las personas al acceso seguro a alimentos sanos en su fase primaria, en el marco de las políticas públicas de soberanía alimentaria en el sistema constitucional ecuatoriano. La investigación es de tipo documental con alcance descriptivo, el método utilizado es el analítico, las fuentes usadas son de tipo secundarias de doctrina y normativa relacionadas con el tema. Entre los resultados se encuentra que, dentro de la Constitución del Ecuador (2008), se crea la obligación objetiva que el Estado debe proporcionar alimentos sanos, de calidad y dentro del respeto por la cultura a la población. De acuerdo a las investigaciones realizadas es conducente concluir que, la soberanía alimentaria, funciona como medio a través del cual es posible cumplir con la satisfacción de las necesidades alimenticias, nutricionales y culturales de los ecuatorianos, todo ello implicó que se desarrollara, en la carta magna, una obligación del Estado para con los ciudadanos, diseminada a través de varios artículos constitucionales de obligatorio cumplimiento.
The objective of this article is to analyze the effectiveness of people's right to safe access to healthy food in its primary phase, within the framework of public policies of food sovereignty in the Ecuadorian constitutional system. The research is of documentary type with descriptive scope, the method used is analytical, the sources used are secondary sources of doctrine and regulations related to the subject. Among the results it is found that, within the Constitution of Ecuador (2008), the objective obligation that the State must provide healthy, quality food and respect for the culture of the population is created. According to the research carried out, it is conducive to conclude that food sovereignty functions as a means through which it is possible to meet the satisfaction of the nutritional, nutritional and cultural needs of Ecuadorians, all of which implied that it was developed, in the letter magna, an obligation of the State towards citizens, disseminated through several constitutional articles of mandatory compliance.
