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David Crespo Ortiz
Mediante el RD-ley 2/2023, de 16 de marzo, el ejecutivo creaba una nueva regulación para los alumnos universitarios y de Formación Profesional que realizaran prácticas formativas no laborales en el marco de sus diferentes programas de estudio, insertándolos sin distinción de remuneración en el Régimen General de la Seguridad Social con obligación de cotizar. Tal reforma no ha estado carente de oposición tanto por parte de los centros formativos como por parte de las empresas. Con objeto de entender la presente situación analizamos la trayectoria de la cuestión, las principales características de esta cotización, y cuestionamos las razones detrás de la obligación impuestas a centros educativos y empresas.
Through the RD-Law 2/2023 of March 16, the government established new regulations for university and vocational training students participating in non-labor internships within their various study programs. These students are incorporated, without distinction of compensation, into the General Social Security System with an obligation to contribute. This reform has not been without opposition from both educational institutions and companies. To comprehend the current situation, we analyze the trajectory of the issue, the key features of this contribution, and question the reasons behind the obligations imposed on educational institutions and companyies.
