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Francisco Javier Gárate Castro
La regulación, empleo y desarrollo de las relaciones de servicios temporales de los empleados públicos es, especialmente en España, frecuente causa de conflictos, una parte de los cuales aparecen motivados por pretendidas incompatibilidades con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. Las dudas sobre dichas incompatibilidades y su solución han animado a los jueces españoles (del orden social y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo) al planteamiento de un muy elevado número de peticiones de decisión prejudicial, las cuales llevan al convencimiento de que el empleo público temporal ha venido discurriendo y todavía discurre con arreglo a un marco normativo, prácticas en su utilización y criterios judiciales de interpretación que deben ser objeto de revisión a fin de eliminar sus desajustes con el Derecho Social de la Unión y, en particular, con los declarados por el Tribunal de Justicia. Sin perjuicio de los avances producidos, la regulación española del empleo público temporal presenta aspectos que siguen sin responder a las exigencias de una transposición suficiente de la Directiva 1999/70/CE, por la que se da aplicación al Acuerdo Marco.
The regulation, employment and development of temporary service relations of public employees is, especially in Spain, a frequent cause of conflicts, a part of which appear motivated by alleged incompatibilities with the Framework Agreement on fixed-term work. Doubts about these incompatibilities and their solution have encouraged Spanish judges (of the social order and of the contentious-administrative jurisdictional order) to submit a very high number of requests for a preliminary ruling, which lead to the conviction that temporary public employment has come running and still is running in accordancewith a regulatory framework, practices in its use and judicial criteria of interpretation that must be subject to review in order to eliminate its mismatches with EU Labour Law and, in particular, with those declared by the Court of Justice. Notwithstanding the progress made, the Spanish regulation of temporary public employment presents aspects that still do not respond to the requirements of a sufficient transposition of Directive 1999/70/EC, by which the Framework Agreement is applied.
