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La reforma consensuada provisionalmente entre el Parlamento y el Consejo en materia de gobernanza económica, supone un avance significativo sobre las reglas fiscales hoy en vigor, y supone también un instrumento decisivo para pasar página de la doctrina "austericida" que dominó la respuesta económica en crisis anteriores. Este nuevo marco de gobernanza económica, aunque no satisface del todo las pretensiones barajadas desde la socialdemocracia, ofrece un escenario renovado a los Estados miembros desde el que afrontar con mayor flexibilidad la consecución de dos prioridades: el control de la cuentas públicas y la imprescindible financiación de proyectos estratégicos con los que mejorar la competitividad de las economías y reforzar la cohesión social, como banderas del proyecto europeo.
