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La mirada humanitaria al hecho migratorio y al derecho de asilo, respetuosa del Derecho internacional y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, siempre ha sido objetivo de los progresistas. No así la de un número significativo de gobiernos de la Unión Europea, cuyo peso en el Consejo ha impedido que los programas obligatorios de realojamiento por los que hemos abogado siempre hayan sido aceptados como única expresión de solidaridad. Aunque en situaciones de crisis la Comisión Europea podrá imponerlos, esto supone un avance de envergadura innegable respecto del statu quo; pero esos gobiernos reacios a los realojamientos como regla general del sistema europeo han exigido ofrecer contribuciones alternativas (financiar el Fondo de Unión Europea de Solidaridad Interior y el Fondo Unión Europea de Migraciones y Asilo), a fin de proporcionar asistencia y equipamientos.
