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Marcos Iglesias Caridad 
El instituto de la suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos de naturaleza tributaria ha sido objeto de algunos cambios provocados por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con un claro propósito de proteger el crédito tributario. Nos detendremos en estas modificaciones pues, en ocasiones, tratan de hacer frente a la jurisprudencia más garantista en favor de los obligados tributarios. Pero antes analizamos otros dilemas que, no por ser antiguos, revisten una gran actualidad, ya que el régimen jurídico de la suspensión merece una revisión normativa que persiga lograr una regulación más uniforme tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional, así como más próxima a las posturas más garantistas con el principio de justicia cautelar. Recientemente se han modificado los reglamentos de desarrollo de la LGT por el Real Decreto 249/2023, de 4 de abril, que también recogemos en este trabajo.
The institute for the suspension of the enforceability of administrative acts of a tax nature has been subject to some changes caused by Law 11/2021, of July 9, on prevention measures and the fight against tax fraud, with a clear purpose of protecting the tax credit. We will stop at these modifications because, sometimes, they try to face the most guaranteeing jurisprudence in favor of the taxpayers. But before we analyze other dilemmas that, not because they are old, are very topical, since the legal regime of the suspension deserves a regulatory review that seeks to achieve a more uniform regulation both in the administrative and jurisdictional channels, as well as closer to the most guaranteeing positions with the principle of precautionary justice. The development regulations of the LGT have recently been modified by Royal Decree 249/2023, of April 4th, which we also collect in this work.
