La crisis sanitaria sufrida y las incidencias económicas y sociales desprendidas del conflicto armado que azota a Ucrania y al continente europeo desde febrero del año 2022, han venido a revitalizar con intensidad el debate en torno al riesgo operacional emergente durante el cumplimiento de los contratos públicos y las salvedades al principio de riesgo y ventura configuradas normativa y jurisprudencialmente. Dicha revivificación exige, sin ambages, la necesidad de reexaminar las pautas y planteamientos que han venido a consolidarse al respecto y su capacidad de respuesta en la actualidad.