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La sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 2024 dictada en el asunto A. A. C-216/22, reviste un especial interés que trasciende a la problemática del derecho de asilo. En definitiva, lo que plantea en primer lugar es la posibilidad de remover resoluciones administrativas firmes, que resulten contradictorias con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Cuestión delicada que se debate entre el principio de seguridad jurídica y el efecto útil del Derecho de la Unión, que la sentencia resuelve a favor de este último, tras un adecuado balance de intereses en conflicto, precisando, además, las competencias de los jueces nacionales.
