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Madrid, España
Objetivos: examinar el contexto en el que se produjo la reforma local de 2013 y analizar los principales actores que intervinieron en ella. Metodología: análisis de la abundante documentación que se produjo entre 2012 y 2013. También se emplea la observación directa del autor del artículo del proceso de reforma y la evaluación posterior del impacto de la ley. Resultados: muestran el distinto peso de los actores implicados y cómo el texto definitivo muestra el equilibrio entre algunos de ellos. Conclusiones: el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) alineó la reforma con la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria. El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) destacó la importancia del tamaño de la población en la eficiencia de los servicios municipales. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda reforzó el control financiero del Estado. La Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) no alcanzó sus objetivos principales. El colectivo de habilitados nacionales solo consiguió volver a la situación anterior a 2007. Por su parte, las comunidades autónomas ejercieron un veto en algunos aspectos esenciales de la reforma. Las sentencias del Tribunal Constitucional afectaron parcialmente a la reorganización de las competencias municipales. Finalmente, los partidos políticos tuvieron un impacto variable en el texto final.
Objectives: The main objectives of this article are to examine the context in which the 2013 local reform took place and to analyze the key actors involved in it. Methodology: To achieve this, a research methodology will be employed, consisting of an exhaustive analysis of the documentation produced between 2012 and 2013. Direct observation by the article’s author of the reform process is also used, along with subsequent evaluation of the impact of the law. Results: The results reveal the varying influence of the involved actors and how the final text reflects the balance among some of them. Conclusions: Noteworthy conclusions include that the National Institute of Public Administration (INAP) aligned the reform with financial sustainability and budgetary stability principles. The Institute of Fiscal Studies (IEF) emphasized the significance of population size in the efficiency of municipal services. The Technical General Secretariat of the Ministry of Finance strengthened state financial control. The Spanish Federation of Municipalities and Provinces (FEMP) did not achieve its main objectives, whereas the collective of national-qualified professionals only managed to return to the situation prior to 2007. Furthermore, autonomous communities exercised a veto on certain essential aspects of the reform. Constitutional Court judgments partially affected the reorganization of municipal competences. Finally, political parties were found to have a variable impact on the final text.
