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Antonia Olivares Hortal
El medicamento constituye el instrumento ineludible de la prestación farmacéutica. No es un producto comercial al uso, donde la ley de la oferta y la demanda pueda operar igual que ocurre con cualquier otro objeto contractual. La identificación de la especialidad farmacéutica como un objeto contractual singular y específico, es decir, como un bien que forma parte de la prestación sanitaria pública, propicia y justifica la amplia intervención administrativa que existe en la selección de medicamento. Esta circunstancia ocasiona un amplio régimen jurídico que constituye una sólida estructura legal que no deja al albedrío ninguna cuestión relacionada con el medicamento. De este vasto régimen jurídico destacamos el perenne objetivo del legislador de regular el uso racional del medicamento y cubrir las necesidades de los pacientes bajo el objetivo también invariable de estabilidad presupuestaria y control del gasto. El eje de la intervención estatal en la regulación del medicamento ha ido variando a lo largo de los años. En un primer momento se centró en el aseguramiento de la calidad y seguridad de los medicamentos. Posteriormente y a raíz de la intensidad con la que las distintas crisis financieras irrumpieron en la economía estatal, la intervención del Estado se ha centrado en la racionalización del gasto farmacéutico, eje central de este trabajo.
Medication constitutes an unavoidable tool in pharmaceutical provision. It is not a regular commercial product, where the law of supply and demand can operate as it does with any other contractual object. The identification of pharmaceutical specialties as unique and specific contractual objects, that is, as goods that are part of public healthcare provision, promotes and justifies the extensive administrative intervention that exists in the selection of medication. This circumstance creates a broad legal framework that constitutes a solid legal structure, leaving no aspect of medication to discretion.Within this vast legal framework, we highlight the ongoing objective of the legislator to regulate the rational use of medication and meet the needs of patients, under the constant goal of budget stability and expenditure ontrol. The focus of state intervention in medication regulation has evolved over the years. Initially, it was centered on ensuring the quality and safety of medications. Subsequently, as a result of the intensity with which the financial crisis has impacted the state's economy, state intervention has focused on rationalizing pharmaceutical expenditure, which is the central theme of this work.
