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El artículo 117 de la Constitución española consagra la independencia de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, de manera que los declara exclusivamente sometidos al imperio de la ley. Pero conviene destacar que la independencia de los jueces no constituye una prerrogativa o un privilegio acordado en su interés, sino en el del Estado Democrático de Derecho. Su independencia está considerada como una garantía de la aplicación imparcial del derecho, esencial, por tanto, para garantizar la igualdad de las partes ante los tribunales.
