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En España hay, como los hay también ocasionalmente en otros Estados de Derecho robustos, casos de activismo judicial. Pero el ejercicio genuinamente desviado y prevaricador de la función jurisdiccional en asuntos que presentan connotaciones políticas -procesos penales dirigidos contra actores políticos o, en general, procedimientos jurisdiccionales en los que se enjuicia la validez de normas o decisiones de gran trascendencia política- no es un fenómeno estructural. Los conceptos de lawfare, judicialización de la política y politización de la justicia presentan todos ellos contornos difusos y sus límites son tenues y fluidos. Aunque no son conceptos jurídicamente aprehensibles, no carecen de toda utilidad para el análisis político y de sociología jurídica.
