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El presente estudio pretende analizar la interpretación jurisprudencial de la Directiva 77/187 realizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Del análisis de esta copiosa jurisprudencia se puede constatar que la Directiva establece una protección a los trabajadores que es superior a la protección que otorga la legislación estatal española. Y así:
1. La Directiva protege a un conjunto de trabajadores más amplio que el amparado por la legislación estatal. Y ello porque la Directiva no exige como requisito para su aplicación el hecho de que la transmisión empresarial conlleve necesariamente traspaso de elementos patrimoniales. Así, los trabajadores de empresas descapitalizadas (como las de servicios de limpieza, vigilancia, jardinería, etc.) no están protegidos por la legislación estatal, pero sí por la Directiva.
2. Los Tribunales españoles mantienen el criterio anterior en clara contradicción con el Tribunal de Luxemburgo.
3. La Directiva protege a los representantes de los trabajadores al mantenerlos en su representación, y la legislación estatal no.
