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Rosa Fraile Fernández
Las Haciendas Locales, siempre tan necesitadas de una reforma de su régimen de financiación, se encuentran, además, limitadas en el ejercicio de sus potestades por preceptos que imponen límites a sus facultades de recaudación. El presente artículo aborda la relación de la autonomía local, constitucionalmente reconocida, con la necesidad de recurrir al auxilio de otras Administraciones para el ejercicio de su autotutela ejecutiva. Se observará el principio de territorialidad, la preceptiva colaboración para la ejecución patrimonial fuera del término municipal y la diferenciación entre el embargo de bienes inmuebles y el embargo de dinero. Se tendrá en cuenta la muy reciente STS 84/2024, de 22 de enero, que puede suponer un cambio de paradigma en las capacidades de recaudación de los Entes locales y que nos empuja, con mayor decisión, a la propuesta de modificación de la legislación actual.
Municipalities, always so in need of a reform of their financing regime, are, moreover, limited in the exercise of their powers by precepts that impose limits on their ability of collection. This article deals with the relationship between constitutionally recognized local autonomy and the need to the assistance of other administrations for the exercise of their executive self-protection. The principle of territoriality, the mandatory collaboration for the execution of assets outside the municipal area, and the differentiation between the seizure of real estate and the seizure of money will be observed. The very recent Supreme Court Sentence 84/2024, of 22 January, will be considered, which may mean a paradigm shift in the collection capacities of local authorities, and which pushes us, more decisively, to the proposal to amend the current legislation.
