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En el presente artículo se realiza un análisis de la naturaleza jurídica de la política pública de ingreso al empleo público mediante una breve génesis normativa del tema y, de esta forma, comprender si hemos tenido avances normativos o retrocesos en la ejecución de las normas de ingreso a la carrera administrativa. Esto se hará identificando las vicisitudes, retos y los obstáculos que encontramos desde la perspectiva en la implementación de esta normatividad para su ejecución desde la óptica de una entidad estatal, y cómo esta ha afectado a la implementación del mérito en Colombia; lo anterior, teniendo en cuenta que surge especial importancia por cuanto el recurso humano es el principal soporte para el desarrollo de los fines estatales definidos en nuestra Constitución Política.
Estableciendo si Colombia es un Estado que ha buscado un fortalecimiento del empleo público o si, por el contrario, existe una intención de mantener el clientelismo y botín político usuales, se encontró que inicialmente contamos con un sistema de ingreso a la carrera administrativa con robustez normativa, y que, mediante la imposición del imperio de los jueces desde su pronunciamiento, el ingreso a la carrera administrativa debe ser mediante mérito para los casos que así se contemplen y no automático. Al encontrar que Colombia ha buscado un fortalecimiento normativo y lo ha conseguido, materializándose principalmente desde la Constitución de 1991, y aunque el constituyente comprendió la importancia de este tema, las legislaturas posteriores que han debido regularlo para una mejor implementación, a nuestro sentir, no han tenido la verdadera intención de hacerlo; por lo tanto, hoy contamos con un sistema que no cuenta con el presupuesto suficiente ni personal para poder ejecutarlo.
