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A fecha actual sigue sin darse cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 28 de junio de 2022 (Comisión Europea/España. Asunto C-278/20), que declaró que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimientos del Derecho de la UE es contrario al principio de efectividad, al hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el resarcimiento, por las condiciones impuestas en la reforma legislativa del año 2015.
Se exponen en el presente artículo tanto las acciones realizadas por el Gobierno español para dar efectivo cumplimiento a la STJUE, como las acciones de la Comisión Europea tendentes a que se ejecute la sentencia.
