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El punto de partida del análisis son dos premisas presuntamente contradictorias: por una parte, la justicia es el servicio público peor valorado por los españoles (La Vanguardia 26-12-2023); pero a pesar de ello, nuestro sistema judicial funciona razonablemente bien, en comparación con los países más cercanos. Por ello, el análisis económico del derecho es una herramienta de vital importancia para analizar el impacto que la legislación puede tener en una determinada economía. Asimismo, la Administración de Justicia (con su seguridad jurídica) es otro elemento de desarrollo económico a largo plazo. Las empresas invierten más si se sienten seguras: un buen sistema judicial propiciará una tendencia positiva en los indicadores de inversión pública y privada. El Ministerio de Justicia tendría que ser considerado un ministerio económico, dados los impactos estructurales que tiene para la competitividad del país. Y desde el punto de vista organizativo, lo que está en juego no es el modelo de justicia, sino el modelo de gestión para que sea eficaz y eficiente; y sea capaz de dar respuestas ágiles a ciudadanos y profesionales. En palabras del magistrado Miquel Pascual del Riquelme en estos momentos «falta mucha inteligencia organizativa». Desde el punto de vista político, falta continuidad en la dirección y hay una incapacidad estructural de quienes ejercen la autoridad pública para encontrar un punto de anclaje definitivo, un proyecto consolidado de sistema organizativo. Nadie quiere hacer cambios y ajustes y las políticas tienden más a ensanchar el gasto (creando órganos porque es lo más sencillo), que a resolver ineficiencias.
