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En este trabajo se revisa críticamente una tendencia a aplicar normas propias del derecho procesal penal y el derecho sucesorio con el fin de limitar la legitimación activa en casos de multiplicidad de víctimas por rebote mediante la imposición de un orden de prelación. El objetivo principal es defender que dicha aplicación en materia de responsabilidad civil constituye una vulneración al principio de reparación integral, y a su vez, proponer que la solución a la tensión entre la reparación integral y la situación patrimonial del condenado se encuentra en la actividad probatoria de las partes.
