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María Luisa Pérez Guerrero
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, dirigida a garantizar la protección de las personas que informen sobre algunos de los incumplimientos -acciones u omisiones constitutivas de infracciones de la normativa– comprendidas en su ámbito material de aplicación, obliga a las empresas de más de cincuenta trabajadores y a las entidades de derecho público, así como a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones creadas por ellos, que reciban o gestionen fondos públicos, a implantar canales internos y externo de información para la comunicación de dichas informaciones relevantes. El legislador ha optado por definir un ámbito material de aplicación más amplio que el previsto en la Directiva, lo que puede generar dudas en relación con las infracciones laborales, que, en ocasiones, cuentan con sus propios mecanismos de denuncia dentro y fuera de las empresas y entidades públicas.
Con este estudio pretendemos aclarar qué informaciones, o más bien, denuncias, si consideramos la terminología de la Directiva, deben ser canalizadas por los sistemas de información de las organizaciones, así como qué incidencia tendrá la existencia de un canal externo sobre otros canales de información a la autoridad laboral competente para la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral.
Law 2/2023, of February 20, aimed at guaranteeing the protection of people who report some of the non-compliance -actions or omissions constituting violations of the regulations- included in its material scope of application, obliges the companies with more than fifty workers and public law entities, as well as political parties, unions, business organizations and foundations created by them, that receive or manage public funds, to implement internal and external information channels for the communication of said relevant information. The legislator has chosen to define a broader material scope of application than that provided for in the Directive, which may raise doubts in relation to labour matters, which, sometimes, have their own reporting mechanisms inside and outside companies and public entities.
