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Diego Velasco Fernández
El control de los límites legales de la jornada de trabajo es un problema endémico de las relaciones laborales. El descontrol del tiempo de trabajo lleva a una situación de pauperización del trabajo. La reforma del artículo 34.9 ET por el RD-Ley 8/2019 impuso el registro de jornada obligatorio para controlar las horas extraordinarias. La forma en la que la jurisprudencia ha tomado como prueba el registro de jornada no ha sido pacífica. Han surgido cambios en la doctrina judicial a raíz de esta nueva legislación que han invertido la carga de la prueba. Ya no será la parte trabajadora la que deba probar las horas extraordinarias que supuestamente ha realizado y no ha cobrado, si no que será el empleador que no registre las horas. El análisis de la actualidad jurisprudencial nos ayudará a arrojar luz sobre esta cuestión.
The control of legal limits on working hours is an endemic issue in labor relations. The lack of control over working hours leads to a situation of work impoverishment. The reform of Article 34.9 of the RD-Legislativo 2/2015 TRET by RD-Ley 8/2019 imposed mandatory timekeeping to monitor overtime hours. The way in which jurisprudence has taken timekeeping as evidence has not been unanimous. Changes in judicial doctrine have emerged following this new legislation, shifting the burden of proof. It will no longer be the worker who must prove allegedly unpaid overtime hours but rather the employer who fails to record the hours. Analyzing current jurisprudential developments will shed light on this issue.
