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Manuel Pereiro Cárceles
La transformación del ámbito subjetivo del Derecho administrativo que se ha producido debido a la privatización de funciones públicas ha dado lugar a una regulación de la transparencia pública que alcanza a sujetos privados que reciben fondos públicos o participan en funciones administrativas. Este articulo trata de analizar de qué modo la legislación impone estas obligaciones a los sujetos privados, centrándose en los artículos 3 y 4 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El objetivo es identificar la lógica que existe detrás de estas obligaciones y proponer posibles mejoras que fortalezcan el actual marco normativo, lo que se hace a través de una disección de los sujetos privados obligados a cumplir con previsiones de publicidad activa o con un específico deber de suministro de información dirigido a otras entidades generalmente públic.
