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Dentro de la compleja situación que precede a un despido objetivo la doctrina judicial ha consolidado el criterio de permitir ejecutar estas difíciles decisiones en contextos que no tienen por qué llevarse al extremo. En el presente artículo se analiza la interpretación del Tribunal Supremo a una situación en la que la rescisión de una contrata o la reducción de su objeto, por causas ajenas a la voluntad de la contratista, justifica el despido de todos o parte de los trabajadores adscritos al centro de que se trate, al conllevar una merma en la demanda de los servicios que presta, sin que sea necesaria la búsqueda previa de soluciones alternativas que pasen por la movilidad geográfica o funcional de los afectados.
