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Leioa, España
La obligación de auditoria de las sociedades cooperativas en Euskadi ha sufrido cambios tras las últimas modificaciones introducidas tanto por la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, como por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. Este trabajo se centra en analizar dichos cambios y las razones que han empujado a adoptar dichos cambios. Tras varios años en los que se ha aplicado una regla diferente a las sociedades de capital y a las sociedades cooperativas, se ha unificado el criterio decisorio de la obligación de auditoría por el tamaño en ambos tipos de sociedades a través del cambio operado por el nuevo Reglamento que desarrolla la Ley de auditoría de cuentas al que se remite la Ley de sociedades cooperativas. La nueva Ley de Cooperativas de Euskadi obliga, además, a los socios solicitantes de la auditoría de cuentas a hacer frente a los costos de la auditoría y prevé que el consejo rector pueda acordar el sometimiento de la cooperativa a la auditoría de cuentas. Todas estas cuestiones y sus implicaciones serán objeto de estudio en este trabajo.
The auditing obligation of cooperative companies in the Basque Country has undergone changes following the latest amendments introduced by both Law 11/2019, of 20 December, on Cooperatives in the Basque Country, and Royal Decree 2/2021, of 12 January, approving the Regulations implementing Law 22/2015, of 20 July, on Account Auditing. This paper focuses on analyzing these changes and the reasons that have led to the adoption of these changes. After some years in which different rules have been applied to capital companies and cooperative societies, the decision-making criterion for the audit obligation by size has been unified for both types of companies through the change brought about by the new Regulation that implements the Audit Law, to which the Law on Cooperative Companies refers. The new Basque Cooperatives Act also obliges members requesting the auditing of accounts to pay the costs of the audit and provides that the Governing Council may decide on the obligation to audit the accounts. All these issues and their implications will be the subject of study in this paper.
