La recepción de determinadas obras tuvo lugar en julio de 2017 pero innumerables incidencias e irregularidades motivaron que la factura correcta de las obras realizadas no se emitiese hasta el 10 de octubre de 2018, lo que determinó que el pago tuviera lugar el 29 de enero de 2019. El contratista reclama intereses de demora ya que, a su juicio, recaía sobre la Administración la obligación de aprobar la certificación final en el plazo de tres meses desde la recepción de la obra.