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Alberto Blanco-Uribe Quintero
El objetivo de las presentes líneas es el de responder a la interrogante acerca de si el Estado venezolano, a la luz de ese documento así llamado Ley “Constitucional” contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, está cumpliendo con su obligación constitucional (e internacional) de promover y asegurar el goce efectivo de los derechos humanos, particularmente la libertad de expresión y el derecho a la información
The article analyzes if the Government, through the so-called “Constitutional” Law against the Hate, for the Pacific Convivence and Tolerance, fulfill with its duty of promoting human rights.
