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El artículo analiza los términos en los que el Tribunal Constitucional avala la decisión de la Presidenta de la Cámara Baja de aceptar fórmulas de acatamiento de la Constitución añadidas a efectos de acceder a la plena condición de diputados y diputados. El análisis se centra en determinar los argumentos jurídicos a través de los cuales el máximo intérprete constitucional considera que dicha decisión parlamentaria no ha afectado el núcleo esencial del ius in officium. Entiende el constitucional que no se ha identificado por los recurrentes en amparo (amparo parlamentario) ningún derecho o facultad concreto conformados del estatus legal como diputado o diputada que haya quedado limitado o afectado por la decisión de la Presidenta de la Cámara. Con base en lo expuesto, el estudio permite indagar en la discusión jurídica que plantean los votos particulares discrepantes que consideran que la decisión parlamentaria impugnada sí vulnera el artículo 23 CE, al entender que se impone a los recurrentes la obligación de participar en comisiones o plenos con diputados-as que no pueden ejercer sus derechos plenos al introducir adiciones al juramento que desnaturalizan o vacían de contenido el propio acto de juramento o promesa.
