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Enrique J. Martínez Pérez 
Los órganos de control regionales e internacionales se están enfrentando en los últimos tiempos a casos cada vez más complejos porque se tratan de situaciones en las que los individuos sufren violaciones por la conducta (acciones y omisiones) de los Estados cuyos efectos se extienden fuera de sus fronteras, incluso sin un contacto físico directo, de modo que los tradicionales modelos espacial y personal, que exigen un control efectivo sobre una zona fuera de su territorio o sobre las personas, se convierten en títulos incapaces, al menos en su interpretación clásica, de dar respuesta a la aplicación extraterritorial de los tratados internacionales de derechos humanos. Ante esta realidad, están apareciendo nuevo vínculos o nexos jurisdiccionales, que podemos denominar como procedimental y funcional. El primero de ellos se activaría por la iniciación de procesos relativos a la salvaguarda de los derechos más allá del espacio jurídico convencional. El segundo tendría en cuenta la capaci-dad del Estado para cumplir sus obligaciones, combinado con otros factores como la nacionalidad, la autoridad o el poder, el conocimiento de la situación origen de las violaciones, el impacto o la influencia decisiva o la relación causal entre los actos y omisiones estatales y la afectación de los derechos humanos.
Regional and international monitoring bodies are nowadays facing increasingly complex cases because they deal with situations in which individuals suffer violations as a consequence of the conduct of states (actions and omissions) whose effects extend beyond their borders, even without direct physical contact. Thus, the traditional spatial and personal models, which require effective control over an area outside their territory or over individuals, become incapable, at least in their classic interpretation, of responding to the extraterritorial application of international human rights treaties. In the face of this reality, new jurisdictional links are appearing, that can be named as procedural and functional. The first of these links would be activated by the initiation of processes relating to the safeguarding of rights even beyond the conventional legal space. The second one would take into account the capacity of the state to fulfil its obligations, combined with other factors such as nationality, authority or power, knowledge of the situation giving rise to the violations, the impact or decisive influence or causal link between state acts and omissions, and the affectation of human rights.
