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1. El año 2024 nos traerá, a buen seguro, importantes novedades en el ámbito jurídico-social. Algunas de ellas, previsibles, otras, sorpresivas –pues, sin necesidad de aplicar artes adivinatorias, puede afirmarse sin riesgo de errar que es seguro que las habrá–. En cualquier caso, por su mayor posibilidad de identificación, procede ahora referirse a las primeras, que además componen un grupo bien nutrido.
En este sentido, muchas son las reformas que el Gobierno quiere y debe –pues se ha comprometido a ello– acometer en esta nueva legislatura en materia sociolaboral, según quedó plasmado en el acuerdo de coalición entre PSOE y SUMAR. Además, a la importancia cuantitativa se suma la cualitativa, pues todas las reformas proyectadas relativas a esta área afectan a cuestiones de primer orden, algunas de ellas, retos en toda regla. Entre estas puede citarse el reforzamiento de garantías en las modificaciones sustanciales y descuelgues, así como de las relativas al despido –con el mismo objetivo de hacerlo más garantista y cumplir con las exigencias derivadas de la Carta Social Europea–; el desarrollo de las reglas de representatividad de las empresas, o, en fin, el impulso de la jornada híbrida, que incluye trabajo presencial y en remoto.
