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La pérdida de confianza en las autoridades conlleva la necesidad de promover un mayor control y calidad de la actuación administrativa. El derecho a la buena administración responde a esta demanda legítima. Este Derecho, que es fundamental en el sistema jurídico de la Unión Europea, debe entenderse como la obligación de la Administración Pública a actuar con un cierto nivel de inteligencia. La diligencia consiste en la necesidad de resolver el caso en un tiempo razonable y en valorar equitativa e imparcialmente sus circunstancias, así como un prestar los servicios públicos con un determinado nivel de calidad. En caso de incumplimiento, el acto administrativo se invalida o se declara la responsabilidad de la Administración. Asimismo, su fundamento ético justifica la generalización de la acción público en asuntos administrativos.
The loss of confidence in the public authorities calls for greater control and quality of administrative action. The right to good administration responds to this legitimate demand. This right, which is fundamental in the European Union legal system, should be understood as the public administration’s obligation to act with a certain level of diligence. Diligence consists of the need to resolve the case in due time, fairly and impartially weighing the circumstances of the case, and providing the public service with the required quality. Otherwise, the administration will see its act invalidated or be held liable. Likewise, its ethical basis justifies generalizing public action in administrative matters
