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La cuestión de las libertades individuales representa un verdadero reto en el proceso de legitimación nacional e internacional de Marruecos y, en el plano jurídico, es objeto de reformas constitucionales muy variables; asimismo, suscita preocupación por el frágil equilibrio ante un contexto nacional en el que la legitimidad religiosa del rey compite con las corrientes políticas conservadoras, pero también en relación con un entorno internacional muy restrictivo. Entre la Constitución de 1992, que reconoce la universalidad de los derechos humanos, y la de 2011, que consagra las libertades individuales, esta dinámica jurídica tiene dificultades para plasmarse en la legislación, reflejando a la vez tanto una cautela política como una actualización jurídica.
