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Juan José Guardia Hernández 
La sociedad actual se enfrenta a amenazas generadas por la acción humana y la tecnología que dificultan la toma de decisiones por parte de las autoridades. El principio de precaución es una herramienta que permite a los poderes públicos tomar decisiones en situaciones de incertidumbre científica sobre los riesgos para la salud humana y el medioambiente. Aunque adoptado en el derecho comparado y comunitario, su recepción por parte del Tribunal Constitucional español es limitada.
Para una mejor recepción del principio de precaución, se propone racionalizar su uso, establecer presupuestos claros y límites en su aplicación, y reducir la discrecionalidad de la administración. El principio de proporcionalidad juega un papel importante en este contexto, exigiendo que las medidas adoptadas sean las menos restrictivas posibles para los ciudadanos. En la sociedad actual no existe el riesgo cero por lo que el juicio de proporcionalidad debe estar referido al umbral de riesgo que una sociedad esté dispuesta a aceptar.
Today’s society is faced with threats generated by human action and technology, that hinder the authorities’ decision-making. The precautionary principle is a tool that allows public powers to make decisions in situations of scientific uncertainty regarding risks to human health and the environment. Although adopted in comparative and community law, its reception by the Spanish Constitutional Court is limited.
To improve the reception of the precautionary principle, we propose to rationalize its use, establish clear presumptions and limits in its application, and reduce administrative discretion. The principle of proportionality plays an important role in this context. It demands that the measures adopted be the least restrictive possible for citizens. In today’s society, there is no zero risk, therefore the judgment of the proportionality must regard the risk threshold that a given society is willing to accept.
