Acceso usuarios
Emilio Guichot Reina 
Desde hace décadas se debate a nivel mundial en el plano judicial y doctrinal sobre la naturaleza del derecho de acceso a la información pública. En la actualidad, puede hablarse de una decantación mayoritaria hacia su consideración como derecho fundamental, sea autónomo, en las cartas de derechos fundamentales más recientes, sea como parte del contenido de la libertad de información, en las más veteranas. De ello damos cuenta en la primera parte de este trabajo, poniendo especial atención en las conclusiones extraídas del Derecho internacional y europeo, pues, conforme dispone el artículo 10.2 de la Constitución Española, “las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España”. Prestaremos especial atención a la nueva jurisprudencia sobre el tema emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En España, el debate, tanto a nivel político como doctrinal, ha sido particularmente intenso, muy especialmente a partir de la tramitación, aprobación y entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. También nuestros tribunales internos se han pronunciado al respecto.
Sobre ello se reflexiona en la segunda parte de este trabajo para llegar a unas conclusiones sobre la naturaleza del derecho de acceso y la dificultad del encaje entre la dogmática tradicional de la libertad de información y el derecho de acceso a la información en la sociedad tecnológica en la que vivimos.
For decades, the nature of the right of access to public information has been debated worldwide at the judicial and doctrinal level. At present, one can speak of an indisputable majority decantation towards its consideration as a fundamental right, be it autonomous, in the most recent fundamental rights letters, or as part of the content of freedom of information, in the most veteran ones. We will give an account of this in the first section, paying special attention to the conclusions drawn from international and European Law, since, as is known, according to article 10.2 of the Spanish Constitution, "the norms related to fundamental rights that the Constitution recognizes will be interpreted in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and international agreements on the same subject ratified by Spain". We will pay special attention to the new jurisprudence on the subject emanating from the European Court of Human Rights.
In Spain, the debate, both at a political and doctrinal level, has been particularly intense, especially since the processing, approval and entry into force of Law 19/2013, of November 9, on transparency, access to public information and good governance. Our internal courts have also ruled on the matter.
This article reaches conclusions about the nature of the right of access and the difficulty of fitting in between the traditional profiles of freedom of information and the right of access to information in the technological society in which we live.
