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Diego Sanjurjo García
En diciembre de 2013 el Senado uruguayo aprobó un proyecto de ley para legalizar y regular la producción, distribución y tenencia, así como el consumo recreacional, médico y científico del cannabis y sus derivados. La implementación de la nueva Ley se llevaría a cabo durante el año 2014 y convertiría a Uruguay en el primer país en establecer a nivel nacional una regulación de estas características. Con el fin de ayudar a esclarecer los dilemas que afrontan los decisores públicos, la presente investigación proyecta las posibles consecuencias de la propuesta regulatoria en el corto, mediano y largo plazo, haciendo uso de la información y evidencia científica disponible y tomando en consideración el problema social que representa el cannabis para la sociedad uruguaya. La comparación con la evolución esperada de los daños del problema bajo el actual status quo, permite concluir que la implementación de un régimen regulatorio puede suponer, a mediano y largo plazo, una respuesta más adecuada a los daños, perjuicios y pérdidas que componen el problema. Esta conclusión principal, sin embargo, está firmemente supeditada a la efectiva implementación de políticas de educación e información, que ayuden a aumentar la percepción de riesgo de consumo de la sustancia.
In December 2013, the Uruguayan Senate approved a bill to legalize and regulate the production, distribution and possession of cannabis and its derivatives, as well as its recreational, medical and scientific use. The implementation of the new Law would take place in 2014 and would make Uruguay the first country to establish such a regulation on a national level. With the purpose of helping public decision-makers, this report considers the social problem that cannabis represents for the Uruguayan society and, using the available evidence and information, projects the consequences of implementing the proposal in the short, medium and long term. The comparison of these results with the expected evolution of the status quo, allows us to conclude that a regulatory regime could represent a better response to the harms and losses that compose the problem. Nonetheless, this main conclusion is heavily dependent on the effective implementation of educational and informational policies that help raise the substance’s perception of harm
