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Francisco Javier Fernández Galarreta
Las profesiones jurídicas han adquirido un renovado protagonismo en la vigente Ley de Jurisdicción Voluntaria, toda vez que el legislador, en su afán de proteger los intereses de los particulares que intervienen en estos expedientes, ha optado por dar un mayor protagonismo a los profesionales encargados de la representación procesal y de la defensa técnica, regulando su intervención de manera imperativa en muchos de los expedientes. En este contexto, el propósito del presente artículo no será otro que el de realizar un análisis acerca de cuál es el papel que juegan las profesiones de abogado y de procurador en la mencionada Ley, y el de realizar una reflexión acerca de cuál puede ser el impacto o el coste que para los ciudadanos puede tener el hecho de haber regulado su intervención de manera preceptiva. En definitiva, se tratará de analizar si la intervención preceptiva de estos profesionales está suficientemente justificada o si, por el contrario, supone un coste excesivo e injustificado para el usuario.
