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Manuel Cienfuegos Mateo 
En la sentencia de 28 de junio de 2022, en el asunto Comisión / Reino de España (C-278/20), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la legislación española relativa a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por daños derivados de la infracción del derecho de la Unión Europea hace muy difícil, cuando no imposible, que los particulares afectados consigan una indemnización, por lo que es contraria al principio comunitario de efectividad. En cambio, el Tribunal rechazó que se quebrantase el principio de equivalencia. En este estudio analizamos el contexto jurídico español y de la Unión Europea y exponemos las luces y sombras del tema tras la sentencia.
