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Graciela Castro
Durante la década de 1970 algunos países de Latinoamérica tuvieron el horrible privilegio de constituir lo que se denominó Plan Cóndor. La finalidad del mismo fue perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. A la par de aquel plan, en Argentina, hasta 1983 estuvo vigente el accionar de una dictadura sangrienta y opresiva que dejó miles y miles de muertos, desaparecidos, niños apropiados y años de oscurantismo, muertes, miedos, heridas en la sociedad, tanto en las personas como en las instituciones.
Tras el retorno a la vida en democracia en 1983, los organismos de Derechos Humanos que habían iniciado sus actividades durante la dictadura, luego de la asunción del gobierno democrático reactivaron su presencia y sus luchas. Los gobiernos de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández colocaron el tema de los derechos humanos en sus agendas.
Recién a partir de la asunción de los dos últimos presidentes nombrados, las políticas de Memoria, verdad y justicia se establecieron como política de estado.
A poco de cumplir cuarenta años del regreso a la vida institucional democrática, lxs argentinxs venimos observando comportamientos violentos que tras el paso de los meses acrecientan su agresividad no sólo en los discursos sino también en las acciones públicas
During the 1970s, some Latin American countries had the horrible privilege of constituting what was called Plan Condor. Its purpose was to persecute and eliminate political, social, trade union and student militants of Argentine, Uruguayan, Chilean, Paraguayan, Bolivian and Brazilian nationality. Along with that plan, in Argentina, until 1983 the actions of a bloody and oppressive dictatorship that left thousands and thousands of dead, disappeared, appropriated children and years of obscurantism, deaths, fears, wounds in society, both in people and in institutions. After the return to life in democracy in 1983, the human rights organizations that had begun their activities during the dictatorship, after the assumption of the democratic government, reactivated their presence and their struggles.
The governments of Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner and Cristina Fernández placed the issue of human rights on their agendas. Only after the assumption of the last two presidents appointed, the policies of Memory, truth and justice were established as state policy. Shortly after forty years of the return to democratic institutional life, Argentines have been observing violent behaviors that after the passage of months increase their aggressiveness not only in speeches but also in public actions.
