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María Trigo González
La decisión del Comité de Derechos Humanos en el caso Billy et. al. contra Australia (22 de septiembre de 2022) supone la primera vez que el Comité reconoce la vulneración de derechos humanos a causa de la crisis del cambio climático. En concreto se reconoce la vulneración de dos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: el derecho a una vida privada y familiar sin intromisiones (artículo 17) y el derecho a la protección de las minorías (artículo 27) por parte del Estado australiano. En el análisis de este caso se desarrollan algunos de los principales obstáculos que presenta la litigación climática a través de los derechos humanos, con atención especial al derecho a la vida (artículo 6). Esta decisión del Comité ha podido verse influenciada por los avances en la justicia climática, poniendo el foco en la situación de los grupos más vulnerables, como es el caso de los isleños del estrecho de Torres.
The Human Rights Committee’s decisión regarding the case Billy et. al. v. Australia (22 September 2022) marks the first time that the Committee has recognised human rights violations as a result of the climate change crisis. Specifically, it recognises the violation of two articles of the International Covenant on Civil and Political Rights, the right to a private and family life without interference (article 17) and the right to the protection of minorities (article 27) by the Australian State. The analysis of this case elaborates on some of the main obstacles to climate litigation through human rights, with a particular focus on the right to life (article 6). This decision by the Committee may have been influenced by developments in climate justice, focusing on the situation of the most vulnerable groups, such as Torres Strait Islanders.
