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En un contexto definido por la crisis política catalana y las críticas del Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hacia la judicialización del conflicto, surge un debate relevante sobre la pertinencia de aplicar el Derecho Penal en situaciones políticas. Este análisis profundiza en las funciones del Derecho Penal, destacando su rol como instrumento de coacción estatal y su misión de proteger la convivencia humana. La crisis política catalana sirve como caso de estudio, teniendo presente el artículo 8 del Código Civil.
