Después de que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) haya validado la constitucionalidad del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, el autor analiza la respuesta anunciada por la Comunidad de Madrid y su decepcionante instrumentación práctica, y realiza propuestas de medidas fiscales que permitirían —si se quiere de verdad— desactivar por completo los efectos económicos del IGF para los contribuyentes con residencia fiscal en esta Comunidad.